Por un lado, investigaciones muestran que poner impuesto del 24 % a las bebidas azucaradas —un debate dentro de la reforma tributaria en Colombia, en 2018— tendría un impacto en las tasas de sobrepeso y obesidad. Sin embargo, diferentes asociaciones defienden el derecho de los ciudadanos a elegir sobre lo que consumen.

“Asumimos que por cada 3.500 calorías no consumidas un individuo con sobrepeso u obesidad promedio pierde una libra de peso”, es una de las afirmaciones de un estudio realizado por el Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana.

Este impuesto disminuiría la obesidad entre 5 y 10 % en estratos 1 y 2, y entre 5 y 8 % en los estratos más altos, de acuerdo con el estudio. De hecho, el Ministerio de Salud de Colombia informó que los comportamientos no saludables de la misma sociedad le cuestan cada año al sistema de salud 24 billones de pesos como consecuencia de todas las enfermedades crónicas no transmisibles.

Pese a esto, plataformas como For Free Choice, aseguran que el azúcar es una parte necesaria de la dieta humana, por lo que “el consumidor tiene derecho a elegir cómo y dónde consume azúcar. No es lugar del gobierno limitar los derechos de los consumidores sobre su propio cuerpo”.

Pese a que Free For Choice defiende el derecho de elección, destaca que es claro que grandes cantidades de azúcar son perjudiciales para la salud de los consumidores, especialmente si se toman en una dieta desequilibrada, pero piensan que los gobiernos no deberían limitar las elecciones de los consumidores, sino que deberían darle más información sobre los riesgos de sus elecciones al comprar ciertos productos.

Según esta organización, las industrias de alimentos y bebidas reemplazarían el azúcar por edulcorantes artificiales, que tienen una composición antinatural y podrían tener efectos adversos en el cuerpo humano. Igualmente, aseguran que el azúcar no es insalubre cuando se consume correctamente. Es así, que queda abierto el debate, sobre si el gobierno debería gravar el azúcar o, si por otra parte, debe ser el consumidor quien controle su propio consumo.

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